En Colombia tenemos una relación particular con la formalidad. Está tan arraigada en nuestra cultura que durante décadas ha sido común llamar doctor a quien ocupa un cargo importante, viste de traje y corbata o simplemente proyecta cierta autoridad. No importa demasiado si realmente tiene un doctorado o incluso si es profesional. El título funciona más como una señal de jerarquía que como una descripción académica.
En Antioquia incluso tenemos nuestra propia versión: el dotor. Recuerdo escuchar durante mi niñez cómo en algunos pueblos llamaban así a mi padre simplemente por usar cachaco y proyectar cierta imagen de hombre formal. Por extensión, mi madre terminaba convertida también en la dotora. Es una anécdota familiar simpática, casi inofensiva, pero detrás de ella aparece una característica mucho más profunda de nuestra sociedad: nuestra fascinación por las jerarquías, los títulos, los trámites y las apariencias de formalidad.
Cuando confundimos formalidad con burocracia
Esta cultura se hace particularmente visible en algunas instituciones. Todavía resulta normal llamar doctor al superior y encontrarnos con diferentes intermediarios antes de conseguir cinco minutos de conversación con determinada persona. Secretarias, asesores, asistentes, recomendaciones y contactos terminan construyendo una distancia artificial entre quien ocupa una posición y quien simplemente necesita resolver un problema.
El problema comienza cuando trasladamos esa misma lógica al mundo empresarial y asumimos que ser formal significa acumular trámites, certificados, registros y pagos. En mi experiencia acompañando empresas, una de las primeras conversaciones con quienes están comenzando consiste precisamente en desmontar esa idea. Formalizarse no debería significar burocratizarse.
Una persona puede comenzar a desarrollar una actividad económica formal sin necesidad de crear inmediatamente una estructura empresarial compleja. El RUT, por ejemplo, permite identificar las responsabilidades tributarias de una persona natural o jurídica. Asimismo, desde la creación de la Sociedad por Acciones Simplificada —SAS— en 2008, Colombia facilitó considerablemente la constitución de sociedades y, salvo determinadas excepciones, permitió hacerlo mediante documento privado, sin que toda nueva sociedad tuviera que constituirse mediante escritura pública.
Sin embargo, culturalmente seguimos asociando la formalidad con una cantidad considerable de instituciones, documentos y procedimientos. Cámara de Comercio, impuestos, seguridad social, cajas de compensación, permisos sectoriales y múltiples obligaciones terminan formando un ecosistema que puede resultar difícil de comprender para una persona que simplemente quiere comenzar a producir, vender o contratar.
Y ahí aparece una contradicción enorme.
Colombia quiere formalizar a sus trabajadores y empresarios, pero muchas veces el camino hacia la formalidad continúa siendo más complicado y costoso de lo que debería.
El costo de ser formal en Colombia
La discusión es especialmente importante cuando observamos el mercado laboral colombiano. Más de la mitad de los trabajadores del país continúan en la informalidad. Eso significa millones de personas que trabajan diariamente, producen, venden, prestan servicios y generan ingresos, pero permanecen total o parcialmente por fuera de algunos componentes del sistema formal.
No necesariamente porque quieran permanecer al margen de la ley. En muchos casos existe una realidad económica mucho más sencilla: formalizarse cuesta.
Contratar formalmente implica asumir, además del salario, diferentes obligaciones laborales y de seguridad social. Entre ellas se encuentran los aportes a las cajas de compensación familiar, cuya cotización corresponde generalmente al 4% de la nómina salarial. A esto se suman otras obligaciones que, individualmente, pueden tener una justificación legítima, pero acumuladas terminan aumentando considerablemente el costo de crear empleo formal.
Lo mismo ocurre con la matrícula mercantil. Una empresa registrada debe renovarla periódicamente y asumir su correspondiente costo. La pregunta que deberíamos hacernos no es si estas instituciones realizan actividades útiles —porque muchas efectivamente las realizan—, sino si el sistema completo está diseñado pensando primero en facilitarle la vida al ciudadano y al empresario.
Esa diferencia es fundamental.
Las cámaras de comercio desarrollan programas empresariales importantes. Las cajas de compensación ofrecen servicios, subsidios de vivienda, beneficios familiares y mecanismos de protección al cesante. Sería injusto afirmar que estas instituciones simplemente no sirven. El debate interesante es otro: ¿los beneficios obtenidos justifican siempre la estructura, los costos y la obligatoriedad que hemos construido alrededor de ellas?
Esa es una conversación que Colombia debería tener sin miedo.
Una economía informal dentro de un país extremadamente formalista
La paradoja resulta todavía más evidente cuando pensamos que Colombia puede ser simultáneamente un país profundamente formalista y tener una economía con enormes niveles de informalidad.
Nos encantan los documentos, certificados, sellos, firmas, registros y procedimientos. Creamos normas para solucionar problemas y después creamos instituciones encargadas de vigilar esas normas. Cuando el sistema se vuelve demasiado complicado, aparecen consultores, abogados e intermediarios encargados de ayudarnos a entenderlo.
Mientras tanto, el pequeño empresario que vende, produce o intenta contratar a su primer empleado observa desde afuera y hace una cuenta sencilla: cuánto cuesta entrar y cuánto cuesta permanecer.
Si el costo económico y administrativo supera su capacidad, permanece informal.
Entonces creamos nuevas normas para combatir la informalidad.
Y el círculo vuelve a comenzar.
Quizás por eso uno de los aprendizajes importantes de las reformas que redujeron determinados costos parafiscales durante la década pasada fue precisamente reconocer que el costo de contratación importa. Cuando disminuyen algunas barreras asociadas al empleo formal, aumenta el incentivo para contratar dentro del sistema. La formalización no puede depender solamente de vigilancia y sanciones; también necesita incentivos.
Cuando el formalismo llega a la justicia
Esta cultura tampoco termina en las empresas. Se extiende a nuestra relación con el Estado y, particularmente, con la justicia. Colombia tiene procesos capaces de prolongarse durante años entre investigaciones, recursos, cambios de competencia, decisiones de primera instancia, apelaciones y revisiones posteriores.
El proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe es un ejemplo de esa complejidad. El caso se remonta a hechos judiciales iniciados en 2012 y, más de una década después, produjo una condena en primera instancia que posteriormente fue revocada en segunda instancia. Independientemente de la posición política que cada persona tenga frente al expresidente o frente a las decisiones judiciales, el caso permite plantear una pregunta institucional mucho más interesante: ¿puede considerarse eficiente un sistema de justicia cuando necesita más de una década para acercarse a una decisión definitiva?
Una justicia extremadamente formal pero demasiado lenta también termina perdiendo parte de su propósito. Porque la función de un sistema jurídico no debería medirse solamente por el cumplimiento perfecto de cada procedimiento, sino también por su capacidad de producir soluciones comprensibles, oportunas y justas para las personas.
Menos formalismo y más formalidad
Tal vez necesitamos comenzar a diferenciar dos conceptos que hemos confundido durante demasiado tiempo.
La formalidad es necesaria. El formalismo no siempre lo es.
La formalidad significa cumplir nuestras obligaciones, respetar los derechos laborales, pagar los impuestos que corresponden, garantizar condiciones adecuadas para los trabajadores, llevar cuentas claras y construir empresas responsables. El formalismo aparece cuando el procedimiento comienza a importar más que el resultado; cuando cumplir el trámite se convierte en el objetivo y olvidamos para qué fue creado.
Colombia no necesita eliminar todas sus instituciones ni todas sus regulaciones. Necesita preguntarse constantemente cuáles siguen teniendo sentido, cuáles pueden simplificarse, cuáles podrían integrarse digitalmente y cuáles representan costos innecesarios para ciudadanos y empresas.
Porque cada trámite tiene un costo. Cada intermediario consume tiempo. Cada requisito adicional aumenta la distancia entre la informalidad y la formalidad.
Y para una gran empresa ese costo puede representar simplemente otra línea dentro del presupuesto. Para un pequeño empresario puede significar la diferencia entre contratar a alguien formalmente o no hacerlo.
Quizás el verdadero cambio que necesitamos no sea crear otra ley para simplificar las leyes anteriores. Sería mucho más profundo cambiar nuestra cultura institucional y comenzar a diseñar el Estado desde una pregunta mucho más sencilla: ¿esto realmente le facilita la vida a las personas?
Ser formal debería significar hacer las cosas bien.
No hacerlas difíciles.
Y mucho menos necesitar un doctor para entender cómo hacerlas.
